miércoles, mayo 30, 2012

Un servicio público

Entre la catarata de correo spam que me llega todos los días, a veces aparecen cosas interesantes. Y justo ayer me llegó algo que creo adecuado para estos días, en que parece cundir (o se quiere imponer) una especie de psicosis, mezclada con dosis varias de indignación más o menos escandalizada.

Se trata de un boletín de una financiera (desconocida para mí), con un panorama de alternativas de inversión en el momento actual (que a mí no me atañen, no llego al status de inversor). Y también incluye un diagnóstico de la coyuntura que no parece coincidir con el panorama fogoneado por los grandes medios, y se asemeja más a una serie de consejos dados en confianza por gente que "está en la pomada", como se decía años ha. Aquí va lo que quiero compartir (de nada):

"Ya se sabe que Argentina es y ha sido fuente de buenos negocios para quienes han sabido y saben aprovechar la oportunidad. De las muchas notas seleccionadas que se recibió en estas semanas, se infiere rápidamente que:

1. El dólar oficial tiene una tendencia a subir al 14% anual. En las noticias enviadas se afirma que no pasará el 14% anual.
2. El dólar paralelo bajará pronto.
3. La lluvia de dólares en billetes que pagarán el Boden 2012 y Boden 2013 en agosto harán bajar el valor del billete.
4. La necesidad de billetes en dólares para pagar los Boden generó la sobreactuación del Estado (controles) para conseguirlos.
5. La inflación está bajando (las paritarias lo están demostrando, hay control de precios a las corporaciones).
6. Las tasas bancarias para plazos fijos, como mucho, pueden llegar al 11% anual. Incluso para la tasa Badlar (para depósitos de más de un millón de pesos).
7. Los productos que se permite importar lo hacen a dólar oficial sin causar más inflación.
8. El salario real baja (medido contra inflación, dólar o la moneda brasileña).
9. La brecha entre el dólar oficial y el paralelo bajará. La brecha es la que mide la crisis. Hay, sí es cierto, una breve crisis de confianza provocada por los controles de la AFIP. Pero no tanto, la brecha es hoy 32%. En Venezuela la brecha es del 100%. ESO SÍ ES CRISIS.(...)
10. Cristina y todos los que la siguen con vigor no son De La Rúa, ni sus hijos y unos pocos funcionarios fieles. ¿Acaso a nadie se le ocurrió preguntar por qué una persona tan activa como Cavallo no pudo convencer a De La Rúa de hacer un corralito en la semana posterior a las elecciones de diputados del domingo 14 de octubre del 2001, impidiendo que la gente retirase más de 5.000 a 10.000 dólares por semana en lugar de impedir que se retirasen más de 200 por semana para el 3 de diciembre? En definitiva, a Cristina no le tiembla el pulso para dar golpes de timón (faltan, claro, planes a más largo plazo). Pero con golpes de timón, no suceden CRISIS.(...)"

Por supuesto, habrá quienes seguirán convencidos de la inminencia del Apocalipsis y/o de que la financiera en cuestión responde a Boudou o Kicillof. A mí, lego total en asuntos financieros, este breve análisis me parece mucho más sensato que lo que vengo leyendo y escuchando en estos días por parte de gente de prestigio, leída y estudiada. Si me equivoco, mala suerte. Pero para propagar la psicosis, no cuenten conmigo.

¿Y qué tiene que ver Arturo Jauretche con todo esto? En que el viernes 25 se cumplieron 38 años de su partida, y en que desde hace varios días estaba pensando en qué párrafos del Manual de Zonceras Argentinas, de El Medio Pelo en la Sociedad Argentina o Los Profetas del Odio y La Yapa eran los más adecuados para recordar en los días que corren. Por ejemplo, para dedicarle a los que enarbolan la bandera de su "libertad", cuando en realidad lo que hay atrás de la escena es una manga de vivillos y especuladores haciendo su negocio. Por ahora la dejo aquí, no faltará oportunidad para seguirla.

viernes, mayo 25, 2012

202 y 9



Hace hoy diez años llevé a mis hijos más chicos a conocer la Plaza de Mayo en el día de la fiesta patria, y me encontré con un panorama desolador. Una Plaza desierta, con vallas, enrejados, contingentes policiales y grupos aislados de manifestantes coreando su bronca.

Un año después, se inició una etapa que, más allá de la cantidad, magnitud y complejidad de los problemas y desafíos todavía pendientes, marcó rupturas innegables con un legado nefasto de casi tres décadas de políticas antinacionales y antipopulares, coronadas por una debacle de carácter terminal.

Más que una exaltación de lo ya realizado, prefiero recordar de dónde salimos y a dónde espero que nunca más regresemos. Para ello recurro a este trabajo de Jorge Gaggero, publicado originalmente en 2002 y reactualizado hace poco en el suplemento Cash de Página/12:


El mejor alumno en la picota
por Jorge Gaggero (*)

La historia reciente y el actual episodio de la crisis de nuestro país sugieren múltiples paradojas. Elijo cinco para reflexionar acerca de la muy compleja trama implicada.

La primera es la que surge del contraste entre la imagen de violencia extrema y descontrolada que han transmitido al mundo los medios masivos y la sustancial “autocontención” que muestran las mayorías argentinas ante al derrumbe (y sus efectos sociales extremadamente asimétricos). Esta moderación tiene su explicación en la historia nacional –la generalizada conciencia popular acerca de las ventajas que la derecha ha obtenido, casi siempre, en las confrontaciones violentas– y también, sin duda, límites sociales y políticos (de no lograrse un pronto alivio en la situación).

Esta paradoja ha sido advertida por muy pocos observadores externos. “En varias visitas que realicé a la Argentina –destacó Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía– me sorprendí del largo tiempo que llevaban sufriendo sus habitantes; a mí no me resulta tan sorprendente que los alborotos callejeros hayan destituido al presidente como que esos disturbios hayan tardado tanto en producirse."

La segunda paradoja resulta del contraste entre las consignas maximalistas de condena en bloque a la “clase política” (“que se vayan todos”, ha sido la dominante) y el mayoritario respaldo de los argentinos al sistema democrático. En una reciente encuesta realizada en Buenos Aires y sus alrededores (en febrero último) el 85 por ciento de los consultados lo consideró preferible a cualquier otra forma de gobierno. El 74 por ciento, sin embargo, se mostró insatisfecho con su funcionamiento. Parece evidente, entonces, la presión que existe a favor del surgimiento de nuevos agrupamientos y liderazgos políticos y sociales. La resultante de este proceso de cuestionamiento de las representaciones resulta una de las incógnitas clave del futuro argentino.

La tercera paradoja se vincula con una circunstancia económica crucial pero poco abordada (dentro y fuera del país). Durante más de un cuarto de siglo (1976-2002) los gobiernos argentinos se han empecinado en aumentar el endeudamiento público externo mientras los activos de los argentinos mantenidos en el exterior alcanzaban un nivel que ha oscilado entre no menos del 80 por ciento y hasta el 120 por ciento de la deuda pública nacional acumulada (esta relación sería hoy de entre 85 por ciento y 120 por ciento de acuerdo con fuentes oficiales y externas, respectivamente). Se estima que cerca del 90 por ciento de estos activos se sustraen al control fiscal. Vale decir, resultan producto de la evasión tributaria, la fuga de capitales u otras actividades ilícitas (la fuga de capitales no lo ha sido hasta el establecimiento reciente del control de capitales, luego del estallido de la crisis).

¿Se referirá a esta circunstancia el secretario del Tesoro de los EE.UU. O’Neill, cuando menciona la necesidad de “tapar los agujeros” en Argentina antes de “llenar el balde”?

La cuarta remite al discurso de los organismos multilaterales y los países rectores (EE.UU. y la UE) que ha pasado –sin inmutarse– del lema del “mejor alumno” que dominó toda la década pasada al presente sonsonete del “sufrimiento necesario” y el “inevitable dolor” (a través de los cuales seríamos redimidos). Caído el mito de “la Argentina rumbo al Primer Mundo”, la performance de los ’90 aparece redefinida ahora como una larga fiesta local cuya demorada cuenta nuestras mayorías se negasen a pagar.

Esta flagrante inconsistencia intertemporal del discurso tiene, a mi juicio, múltiples raíces. Entre ellas: i) la elusión de la propia responsabilidad por parte de los actores centrales (los del “Primer Mundo”); ii) la crisis universal de las ideas económicas; iii) la hegemonía de los intereses financieros en el proceso de globalización (fueron los más beneficiados por las altísimas tasas de interés con seguro de cambio gratuito que se ofreció durante casi 11 años); iv) el esfuerzo para disimular la absoluta desnudez (conceptual y operativa) de los organismos multilaterales (FMI/BM/BID); v) las tendencias resultantes del “unilateralismo” y el discurso único (del “antiterrorismo”) del gobierno de los EE.UU., que han implicado graves retrocesos en el necesario proceso de reconocimiento (y reparación) de las asimetrías y daños que la globalización supone para los más débiles; y vi) la voluntad de castigar a Argentina por ser “responsable” del default más importante de las últimas décadas.

Puede sumarse, por último, una quinta paradoja. La que resulta del contraste entre la historia previa de la nación argentina (y su personalidad), y las serias amenazas que enfrenta la continuidad de su Estado-nación. Supimos construir un país relevante –diversificado y pujante, con una población instruida y laboriosa, bastante equitativo– con una personalidad reconocida; en especial por su cultura, música, literatura, cine y deportes y también por sus héroes/antihéroes (el general San Martín, Perón/Evita, el Che Guevara). En menos de dos siglos y sobre un territorio que era, en gran medida, un desierto. Argentina llegó a ser percibida como la contracara del “crisol de razas” norteamericano. Este último fue expansivo, cultor del individualismo y del “destino manifiesto”. Nuestro “crisol del Sur” fue, en contraste, muy autocentrado en un principio aunque terminó resultando sustancialmente abierto al mundo como consecuencia de sus tempranas fantasías liberadoras, de cooperación y solidaridad (“universalistas”, finalmente).

El Estado/nación argentino enfrenta hoy, sin embargo, los riesgos de su desaparición; podría constituir el primer caso –en un eventual deterioro del presente curso de los acontecimientos– entre los que parece preanunciar el rumbo globalizador. Las amenazas no sólo proceden del campo económico y social: extrema desnacionalización; pobreza inexplicable; sangría creciente de sus recursos humanos más calificados; peso insostenible de una deuda externa que tiene como contracara –como ya vimos– la fuga de capitales de los argentinos privilegiados, que ven a su tierra como un “país-dormitorio”. También se expresan en la esfera político-institucional: a las severas consecuencia de la crisis política, se suma un previo y largo proceso de deterioro de la división de poderes y, en consecuencia, del entramado legal, el sistema de representaciones y la propia administración pública. También se ha resentido la articulación federal, al ponerse en cuestión las autonomías provinciales y municipales (y la propia viabilidad de sus administraciones).

Extremos condicionamientos adicionales resultan de las decisiones (u omisiones) del Tesoro de los EE.UU. y los gobiernos de la Unión Europea. También proceden, en muchos casos, de la oscura e irresponsable “intermediación” técnica del FMI y de la sustancial carencia de ideas consistentes que estos actores parecen mostrar. Estas circunstancias del “entorno global” plantean entonces serias amenazas para la existencia de nuestro Estado-nación.

La versión extrema de estas amenazas resulta la propuesta del economista Rudiger Dornbusch: una intervención extranjera directa en nuestro gobierno con el fin de asegurar el control foráneo de cinco posiciones decisorias clave (entre ellas, la banca central, la recaudación tributaria, la administración del gasto y las relaciones con las provincias), a través de tecnócratas “offshore”. En rigor ya se ha avanzado mucho en esta dirección. En el período 1996/2000, en dos administraciones sucesivas, estuvo al frente de la gestión tributaria un funcionario del FMI que no tuvo éxito en su cometido de elevar la recaudación a contracorriente de la caída de la actividad económica (para asegurar el pago de nuestra deuda). Hace pocas semanas fue designado al frente del “autónomo” Banco Central un alto ex funcionario del Fondo que se ocupó de la crisis asiática junto con el actual “veedor” visitante en el país (el responsable de la flamante división de “Operaciones Especiales” del FMI que se ocupa de la crisis local). En cuanto a las relaciones con las provincias, los funcionarios del FMI ya han comenzado a tratar directamente con ellas, salteando la intervención del gobierno nacional, e imponen a este último –desde hace mucho tiempo– condicionamientos y decisiones incompatibles con el ordenamiento constitucional, acentuando su deterioro.

(*) Economista. Texto concluido el 02/04/2002.


¡¡Feliz Día de la Patria para todos!!


P.S.: Lo escrito al principio no implica desconocer que la recuperación económica ya había comenzado en el segundo semestre de 2002, con Eduardo A. Duhalde en la presidencia y Roberto Lavagna en el ministerio de Economía. Y por otro lado, viendo la crisis europea actual y la situación de Grecia, por nombrar al país más afectado, uno puede concluir que la actitud hacia la Argentina de los organismos internacionales y el poder financiero en 2001-2002 no se originaba en un encono particular contra nuestro país. Como el cuento del escorpión, venía de su propia naturaleza.

jueves, mayo 17, 2012

Tecnología para todos

Este post del año pasado originó un cambio de ideas con Rogelio acerca de la política seguida por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y las posturas públicas de su entonces presidente, Ing. Enrique M. Martínez. A fines de año el Ing. Martínez fue reemplazado en su cargo, y en esa ocasión Rogelio me envió este comentario (que no registré en su momento):

Después de 8 meses del post y nuestro intercambio en los comentarios mi hija menor, Teresa, me acaba de enviar una referencia a la nota “Las falsas antinomias y la imprudencia de Débora Giorgi” con la que ha considerado oportuno coronar su gestión el ex titular del INTI. Como Teresa me pregunta ¿Qué pasa? mi reacción inmediata ha sido remitirla a este post donde - con mucha antelación – sostuvimos un amable intercambio.
Personalmente me parece pertinente la línea argumental de la ministra de Industria. Quizás ha llegado el tiempo para debatir en un ambiente constructivo cuál es hoy el perfil más conveniente para el INTI pero en un clima que supere el tono contencioso de la nota que hoy nos ocupa.

Resucito el tema dado que en estos días los trabajadores del INTI están en conflicto, principalmente por motivos salariales, pero poniendo también en discusión la política llevada a cabo por la conducción actual del organismo. La que parece seguir nomás los carriles anunciados por la ministra Giorgi en diciembre, según puede leerse aquí:

"(...) Acá es donde entra a jugar un rol determinante el INTI, el organismo con mayor capacidad multidisciplinaria que tenemos en nuestro país. En efecto, además de desarrollar proyectos sociales y productivos propios, esta institución debería ser soporte y/o generador de tecnologías para esos proyectos públicos. Por eso, ante el inminente despliegue que, suponemos, llevará la readecuación de YPF y, eventualmente la Producción Pública de Medicamentos (*), al INTI no se lo puede relegar a trabajar sólo con las empresas -que por otra parte lo hace y bien- sino que debe ser un organismo central en donde la investigación tecnológica sea una de sus actividades predominantes.

Como dicen los trabajadores del INTI -en conflicto hace 5 meses-: hoy lo que está en juego es, esencialmente, definir el rol estratégico de la Institución (ver aquí) .

La base de este conflicto se debe -en parte- a que la ministra de Industria, Débora Giorgi, decidió que el INTI debe trabajar más codo a codo con las empresas y no tanto con las economías sociales, a diferencia de lo que ocurría en la gestión del Ing. Enrique Martínez, donde se potenciaron ambos espacios (ver aquí).

Si esa orientación planteada por la ministra Giorgi se concreta, asistiremos a un cambio de rumbo que va a contrapelo del mismo Plan Estratégico del INTI de diciembre de 2008 y a lo que se expresa casi cotidianamente desde el Gobierno sobre la necesidad de generar inclusión social.

Por eso, no incorporar la capacidad instalada -y potencial- del INTI a la resolución de problemáticas nacionales, por reducirlo a atender solicitudes de empresas, será una manera de desvirtuar el rol que le cabe a esa Institución en la ejecución, desarrollo y fortalecimiento de políticas públicas.

Y ahí hay que fijar la atención para comprender las razones del largo conflicto instalado en el INTI. Porque, lo que está en juego es el rol estratégico de la Institución."


No conozco en detalle la situación del INTI, ni en particular en qué medida se redujeron o abandonaron las líneas de trabajo con la base social, tales como la eliminación de arsénico en aguas para consumo, el aprovechamiento de energía solar en viviendas sociales u otras áreas de asistencia técnica a cooperativas, empresas recuperadas, pequeños productores, etc., como se venía haciendo bajo la conducción del Ing. Martínez. No creo que esas actividades y el asesoramiento a empresas sean mutuamente excluyentes, y sería muy bueno que las autoridades del Instituto y/o del Ministerio de Industria explicitaran la cuestión. No sea cosa que la "inclusión social" en temáticas que hacen al desarrollo regional y a darle vías de subsistencia y mejora de calidad de vida (evitando el éxodo y el desarraigo) a pobladores de zonas aisladas o desfavorecidas, quede solamente en lo declamatorio.


(*) Este blog comparte otra inquietud del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología, expresada en el mismo post: ¿por qué, a casi 10 meses de la sanción de la Ley Nº 26.688 de Producción Pública de Medicamentos, la misma todavía no ha sido reglamentada? El ministro de Salud de la Nación, Dr Juan Manzur, ¿no tiene ninguna explicación para dar al respecto?


Nota: El Ingeniero Enrique Martínez sigue en la brecha difundiendo sus ideas por varios medios, entre ellos la página Propuestas Viables.


Actualización
Ayer viernes 18/5, el presidente del INTI Ing. Guillermo Salvatierra habló en el programa de Eduardo Anguita por Radio Nacional. Negó que se hubieran levantado líneas de trabajo con la base social y se refirió al conflicto con los trabajadores, mencionando la presencia de los personajes mediáticos Nelson Castro y Jorge Lanata que se dedicaron a sacar partido de la situación para "pegarle al Gobierno". No me interesa contribuir al ruido alrededor de temas que no hacen directamente a lo planteado en el post, más allá de mi solidaridad con los reclamos salariales y laborales de los trabajadores, así que los interrogantes planteados quedan abiertos a la espera de la evolución de la situación.

viernes, mayo 11, 2012

Thank you

Leyendo esta columna de Martín Granovsky en Página/12, me detuve en su cita de un artículo de The Guardian, que no he visto mencionado en otro lado (rectificación: ver comentario de Rogelio). Busqué el original, y creo que vale la pena echarle una leída para despejar tanta hojarasca desparramada por los "medios serios" de aquí y de afuera ante la expropiación del 51% de YPF por el Gobierno argentino. No cubre todo el alcance de la cuestión (como lo referido a la declaración de interés público de la producción de hidrocarburos), pero sirve para entender por qué produjo tanto ruido en ciertas "altas esferas".


Las democracias pueden frenar a los depredadores financieros - Argentina y Bolivia están mostrando cómo
por Robert Drayton

Mientras Europa fuerza más privatizaciones en Grecia y España bajo el nombre orwelliano de "liberalización", América Latina en 2012 está desafiando el punto de vista ortodoxo de que lo privado es siempre mejor que lo público. El 1º de Mayo Bolivia tomó bajo su control a la compañía española que controlaba su red de distribución eléctrica, poco después que Argentina, el 14 de abril, efectivamente renacionalizara YPF, su principal compañía petrolera, expropiando el 51% en propiedad de la firma española Repsol. Tanto críticos como adherentes han entendido las acciones de Cristina Fernández de Kirchner y Evo Morales en términos de nacionalismo energético y demagogia populista.
Pero deberíamos ver en cambio ambas medidas como respuestas a los fracasos de la privatización y su conexión tóxica con formas complejas de la especulación financiera.

Tanto Bolivia como Argentina han mostrado que las empresas privadas estaban invirtiendo menos y no más que sus predecesoras públicas. Morales observó que sólo se habían invertido u$s 81 millones en la red de distribución eléctrica de Bolivia desde su privatización en 1997. YPF en los '90 perforaba tres veces más pozos de exploración en Argentina de lo que lo hacía en los 2000 bajo la propiedad de Repsol. La producción de petróleo y gas en Argentina estaba cayendo, y no se estaban hallando nuevas reservas para reemplazar los yacimientos explotados.

En ambos casos las multinacionales españolas habían priorizado la repatriación de dividendos por sobre la inversión. Esta forma indirecta de vaciamiento de activos estaba motorizada por las prioridades de los banqueros en Londres y Nueva York. Detrás del asunto Repsol-YPF, en particular, había algo muy cercano al capitalismo enfermo que causó la crisis del 2008: activos de alto rendimiento y alto riesgo, rebanados y troceados vía derivados complejos.

Repsol, como todas las compañías petroleras, tiene una doble vida. Por un lado hace dinero produciendo, transportando, refinando y comercializando petróleo y gas. Por el otro, es un "servidor proxy" para apostar al petróleo como un commodity, y a través de los derivados, para especular sobre esa especulación. Los bancos de inversión están divididos en sus prioridades de manera similar. A veces invierten, pese a que más habitualmente se enriquecen llevando dinero que toman prestado a bajo interés hacia lugares donde consiguen mayores rendimientos.

Mientras que las altas ganancias casi siempre significan mayores riesgos, existe una ficción de control sobre estos riesgos a través de los derivados - en particular los contratos de seguro llamados "swaps".

En el turbio mundo de los derivados, sin embargo, el mismo grupo bancario puede estar garantizando indirectamente sus propios riesgos, y el negocio sobre riesgos se vuelve más grande que la inversión real. La pirámide entera se mantiene mientras haya algo del mundo real que pague, en teoría, un alto y continuo rendimiento - sean hipotecas "subprime" o altas ganancias de un activo petrolero.

España privatizó Repsol entre 1989 y 1997, justo en el momento en que la "desregulación" en los EE.UU y Gran Bretaña convirtió a los bancos de inversores en apostadores de alto vuelo. Repsol creció desde ser una pequeña compañía "downstream" de refinación y comercialización, a la 15ª mayor compañía petrolera, con operaciones en todos los continentes. Se especializó en contratos en lugares donde las compañias anglo-americanas temen negociar, tales como Irán, gas "offshore" en Venezuela con Chávez, y petróleo "offshore" en Cuba, disfrutando de las subas en el precio de sus acciones y de su valorización al ir adquiriendo acceso a reservas.

En 1999, Repsol compró su activo internacional más importante, YPF. Durante la década pasada el valor principal de YPF en lo que concernía a Repsol no era el petróleo o el gas que producía y vendía, sino su valor como colateral, sobre la base del cual se podía contraer deuda.

YPF, bajo Repsol, pagó dividendos extraordinariamente altos a sus dueños extranjeros -alrededor de 9% en 2011- que costeó pidiendo préstamos. Así que mientras las deudas de YPF se disparaban y el petróleo de Argentina seguía sin perforarse, Repsol tanto embolsaba ganancias como "invertía" capital argentino en otra parte de su estructura corporativa. Como la calificadora de riesgo Standard & Poor's comentó el 19 de abril: "Repsol no garantiza nada de la deuda de YPF". Madrid sacaba el jugo, pero las obligaciones caían todas sobre Buenos Aires.

Los altos dividendos le permitieron a Repsol desprenderse del 25% de su holding de YPF vendiéndolo a la familia Eskenazi, con el capital aportado por Credit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas, Standard Chartered y Citibank, con los bancos luego haciendo dinero comprando y vendiendo contratos derivados sobre la deuda de Repsol e YPF.

España ha amenazado a Argentina con represalias, seguida rápidamente por la Unión Europea, Gran Bretaña y los EE.UU. La furia en Madrid y en Bruselas es una a la vieja usanza - Argentina está tanto rehusando entregar su dinero en el bolsillo presente y futuro a España, como reduciendo los activos globales de Europa.

Pero la furia en las páginas del Financial Times y el Wall Street Journal no es al fin y al cabo sobre petróleo o ganancias, ni siquiera sobre el mal precedente que podría dejar sentado para expropiaciones futuras en cualquier parte. Más bien, está provocada porque Argentina ha interrumpido una cadena de securitización anclada en el mundo real por su petróleo en un extremo, pero también con bancos de inversión en Londres y Nueva York, los tenedores de "swaps" y otras obligaciones derivadas sobre la deuda de Repsol e YPF, por el otro.

Al nacionalizar, Argentina mostró que un gobierno democrático puede detener a los depredadores financieros. Y no ha espantado a nuevos inversores: ya Talisman, ConocoPhilips, Chevron, y compañías chinas están buscando acceso a las reservas argentinas de "shale oil", las terceras más grandes del mundo.


P.S. 1: Mis disculpas anticipadas por algún error de traducción, no soy experto en inglés financiero.

P.S.2: En algún lado quería poner las palabras finales de la columna de Mario Wainfeld del domingo pasado, así que van aquí:

En una época de heterodoxias triunfantes, el cronista se permite una muy módica. Dedicar esta columna (algo no muy canónico) a dos compañeros que desafiaron la hegemonía neoconservadora, desde su pertenencia peronista. Germán Abdala y Norberto Ivancich predicaron y batallaron contra la entrega del patrimonio nacional, contra viento y marea, bancándose ser minoría, algo enojoso para un justicialista. Ya no están... pero su memoria y su ejemplo triunfaron en estos días de justa euforia.

sábado, mayo 05, 2012

Seguridad jurídica

Entre todos los argumentos que esgrimieron los críticos de la expropiación de YPF a Repsol (¡que ya es ley!), no podía faltar la famosa "seguridad jurídica". Un concepto caro a los voceros y abogados de las empresas ávidas por maximizar sus ganancias (y mantenerlas en el tiempo) en los países donde se instalaron aprovechando condiciones favorables, generalmente en momentos de crisis, debilidad o apertura irrestricta como la que vivió Argentina en los '90. Desde ya, no es un término que suela usarse para referirse al saqueo de las riquezas de un país y al empobrecimiento de su pueblo, como bien se señala aquí. O a la reiterada violación de los "derechos de propiedad de las mayorías", tema tratado exhaustivamente por Carlos Escudé.

Desde un punto de vista eminentemente jurídico, el tema es analizado con solvencia por este blog. Claro que el asunto tiene además una profunda raíz política, y acá recurro a un fragmento del libro "Fuera de control" de Mabel Thwaites Rey y Andrea López (que no es un panfleto "kirchnerista"; fue publicado apenas iniciado el gobierno de Néstor Kirchner):

(...) Por más de una década, y ante cualquier intento de revertir alguna condición inicial, los empresarios se han abroquelado tras el argumento de la "seguridad jurídica". Éste comprende el respeto tanto de las leyes sancionadas por el Parlamento, como de las reglamentaciones y resoluciones administrativas emanadas de organismos que dependen de la órbita del Poder Ejecutivo, principalmente, o del Poder Judicial. Así, respetar la letra y el espíritu de las leyes sin alterarlos en las normas que las tornan operativas, no vulnerar las jurisdicciones y competencias con disposiciones arbitrarias, no hacer del uso de mecanismos excepcionales una regla y garantizar la continuidad jurídica de las decisiones tomadas y los contratos firmados conforme a derecho por administraciones políticas precedentes son, todos ellos, principios sustantivos que hacen a la "seguridad jurídica".

Además de la cuestión de la "seguridad jurídica" propiamente dicha, el otro aspecto que suelen invocar los empresarios cuando reclaman preservarla es el respeto de las reglas de juego económicas que dan un horizonte de certidumbre a la inversión productiva. Aquí es donde aparece la dimensión eminentemente política y más compleja de la cuestión y se producen confusiones de planos analíticos. Es indudable que el sostenimiento de tales reglas, que constituyen el marco en el que se desenvuelve la vida económica, implica otorgar certidumbre respecto de las acciones futuras -ergo, seguridad-. El reclamo de su mantenimiento, sin embargo, excede lo jurídico y se ubica en un plano estrictamente político del problema. Porque si se respetan los mecanismos institucionales establecidos para la elaboración de las leyes, pedir que no se introduzcan cambios fundamentales en los contenidos no es una demanda de seguridad jurídica sino política.

En este sentido, cuando desde el "mundo de los negocios" se reclama la continuidad del rumbo de las reformas estructurales, aunque se lo haga bajo el nombre de la "seguridad jurídica", lo que se está haciendo es una demanda política. Bajo el imperativo de la previsibilidad y la certidumbre económicas, esenciales para atraer y consolidar inversiones, el polo del capital exige que se apliquen las medidas que considera más adecuadas para el desarrollo de la economía de mercado y, va de suyo, de sus propias ganancias. La demanda política que esto supone resulta entendible desde el punto de vista de un actor social que pretende influir sobre la arena política. Sin embargo, la apelación a la seguridad jurídica -es decir, la inmovilidad de las normas que resulten favorables a sus intereses- implica una petición mayor: que el electorado en general, y más específicamente los dirigentes políticos, se comprometan a no cambiar los cursos económicos ya marcados por el "mercado" con intromisiones "políticas".

Puede recordarse, a modo de ejemplo, que cuando a pocos días de su triunfo, el presidente electo Fernando de la Rúa adelantó su intención de gravar las ganancias extraordinarias de las empresas privatizadas, aplicando un impuesto similar al puesto en práctica por Tony Blair en Gran Bretaña, no tardaron en hacerse sentir las demandas de "seguridad jurídica" y de respeto a los contratos (Página/12, 27-10-99). Es más, esa "audaz" idea fue descartada casi de inmediato debido a que, en palabras de una voz autorizada como la de Pablo Gerchunoff -ligado al equipo económico de la coalición triunfante-, una medida así "no es aplicable a la Argentina porque el objetivo principal que se tiene en los servicios es inyectar la mayor competitividad posible y no ponerles gravámenes extraordinarios" (Página/12, 06-11-99). Más allá de las dificultades legales que seguramente hubiera sido necesario sortear para implementar el impuesto extraordinario -que podía haberse interpretado como violatorio de la cláusula de "estabilidad tributaria" incluida en los contratos de concesión-, el verdadero motivo era la decisión política de no confrontar con el poder económico. En otras palabras, se renunciaba a cualquier intento de modificar -tan siquiera mínimamente- la correlación de fuerzas económicas, sociales y políticas consagradas durante los años noventa."

Mabel Thwaites Rey y Andrea López,
Fuera de control - La regulación residual de los servicios privatizados, Editorial Temas, Buenos Aires, 2003, p. 68-70.


Quizás en un futuro, entre los logros fundamentales de la etapa iniciada en mayo de 2003, los historiadores incluyan la ruptura de "la decisión política de no confrontar con el poder económico".


Anexo: Las autoras también analizan otro concepto esgrimido por los círculos empresariales, el de "oportunismo gubernamental", "dado cuando la autoridad política aprovecha determinadas circunstancias para imponer decisiones perjudiciales para las empresas (reducción de tarifas, aumento de gravámenes, etc.)". Al que le contraponen el "oportunismo empresario", "derivado de utilizar la debilidad ocasional del Estado en determinado momento para imponerle condiciones más beneficiosas para los privados". Y ahí citan un ejemplo muy oportuno para los días que corren:

"A comienzos de 2000, recién asumido el gobierno de la Alianza, Repsol-YPF ofreció aumentar en unos 2000 millones de dólares, en los siguientes 5 años, las inversiones comprometidas para el riquísimo yacimiento neuquino Loma de la Lata. Pero a cambio, quería que se le prorrogara por 10 años más -hasta 2027- el control de explotación que vencía en el 2017. La empresa sacaba provecho de la difícil situación del país, y de un gobierno ávido por promover inversiones que reactivaran una economía en recesión desde 1998. El oportunismo es claro, en la medida en que las prestaciones a intercambiar no eran razonablemente equiparables."

Faltaría agregar que en efecto, la concesión a Repsol del yacimiento de Loma de la Lata le fue prorrogada a Repsol en el 2000 hasta el 2027, por el entonces gobernador de Neuquén Jorge Sobisch y el entonces ministro de Economía de la Nación José Luis Machinea, y aquí se cuenta cómo siguió la historia. De los u$s 2000 millones de inversión prometidos, ni noticias.