El amigo Lucas Carrasco publicó en su blog un texto de homenaje a Don Arturo Illia, al cumplirse 25 años de su muerte. Hace un tiempo yo también le dediqué un post al ex presidente, citando una nota elogiosa de Luis Bruschtein. Aunque hoy, gracias a cosas como las que recordó Manolo o a este artículo, daría una visión más crítica. Sin dejar de reconocer las virtudes cívicas de Don Arturo, habría que desterrar la idea interesada de que durante su época se vivió un "paraíso republicano", que en realidad nunca existió. Y el problema político de falta de legitimidad de su gobierno no llegó a resolverse, en parte por sus propias falencias y en (gran) parte porque sus adversarios eran bastante más "apresurados" que él. Igualmente sigo pensando que su derrocamiento marcó el fin de una oportunidad para llegar a una democracia sin proscripciones, y que el país lo pagó muy caro.En realidad la intención de este post no es abrir una polémica sobre Illia sino la de aportar una lectura veraniega, que pone el foco no en su gobierno sino en los enemigos que tuvo y cómo actuaron. Quizás algunos párrafos suenen bastante actuales (cierta gente no se caracteriza por la originalidad).
Las grandes empresas condenan al gobierno
(...) El derrocamiento del gobierno del Dr. Illia obedeció a una multiplicación de causas aparentemente entremezcladas, entre las que parece destacarse la económica.
El gobierno radical, con su sensibilidad socializante y su orientación nacionalista, aún moderada, era poco apreciado en los medios económicos. Los ejecutivos obsesionados por la eficiencia consideraban a esos políticos de comité y su retórica electoralista como algo lamentablemente arcaico. Los empresarios monopolistas, los banqueros e incluso los productores rurales no esperaban nada bueno de esos políticos provinciales que no sentían ninguna simpatía por el gran capital y se dedicaban a la defensa de los débiles. Además, como lo confirmaron las primeras decisiones del gobierno de Illia, particularmente en materia petrolera, el "dogmatismo ideológico" de esos dirigentes impenitentes detendría el impulso industrialista del país. La "sucursalización" de la Argentina en el marco de la redistribución neocapitalista de las inversiones en las naciones periféricas se enfrentaba con un obstáculo imprevisto. Los inversionistas y los industriales extranjeros añoraban la época frondizista y a los desarrollistas con los que era tan fácil entenderse.
La reputación de incapacidad del nuevo gobierno nació de esas nostalgias y de esas divergencias. No reinaba el clima de confianza propicio para las inversiones extranjeras, y el "social mercantilismo" frondizista nada hacía para contribuir a crearlo, al contrario. El gobierno no alentaba el ingreso desordenado de capitales extranjeros que vendrían a engrosar una deuda externa ya excesiva que ascendía a 2.600 millones de dólares en octubre de 1963 y, se estimaba, ascendería en 1964 y 1965 casi el 35% del valor de las exportaciones de 1963 (27). Las inversiones extranjeras suman 34,6 y 33,8 millones de dólares en 1963 y 1964, contra 100 a 120 millones durante el gobierno de Frondizi.
El gobierno de Illia, sin embargo, ayudado por buenas condiciones climáticas, logró restablecer la situación, a pesar de la grave recesión que afectaba al país desde mediados de abril de 1962. El balance comercial, cuyo saldo era negativo desde 1959, se recuperó brillantemente en 1963.
Saldo del balance comercial (en Mu$s)
1961 -496,2
1962 -140,4
1963 +384,4
1964 +336,1
1965 +294,8
1966 +468,9
(Fuente: Comercio exterior argentino)
El gobierno radical lanzó un plan de desarrollo para terminar con la recesión y corregir sus consecuencias económicas y sociales. Curiosamente, su esfuerzo fue violentamente criticado por los mismos (*) que, por su política económica, habían provocado la depresión de 1962-63. En 1963, la producción industrial cae en un 12% con relación a 1961. En 1964, el Producto Bruto Interno crece por encima del 8% y el índice del volumen físico de la producción industrial (base 1963 = 100) pasa de 113,7 a 126, 7 en 1965.
Con todo, los medios económicos se mostraban descontentos, y más lo estaban a medida que se consolidaba la recuperación. Las memorias anuales de la Unión Industrial Argentina así lo atestiguan. "Ineficiencia", "intervencionismo estatal desacreditado", "demagogia electoral", todas las críticas aludían a que el gobierno violaba el sacrosanto principio de laissez faire, laissez passer, incrementaba las cargas y disminuía los beneficios de los industriales. Obvio es decir que no confiaban en una administración que hacía pasar la "redistribución más justa de la riqueza" antes que la "creación de una mayor cantidad de bienes" (28). La congelación de la tarifas públicas y la fijación de precios máximos para los productos de primera necesidad, la reglamentación de las operaciones con divisas, la participación del Estado en el mercado internacional del trigo, eran otras tantas manifestaciones de un dirigismo insoportable.
Asimismo, la anulación de los contratos petroleros y las "inquietantes perspectivas" en materia energética, la limitación de la importación de bienes de equipo o la supresión de las deducciones impositivas destinadas a inversiones agropecuarias eran datos objetivos que "desalentaban" las inversiones y mantenían la hostilidad de los empresarios.
El déficit presupuestario era el argumento preferido de los hombres de negocios. Sucedía que el gobierno trataba de reactivar la economía a través de la demanda, poniendo en práctica una política de expansión monetaria y de control de precios. La depresión había provocado un marcado retroceso en la participación de los salarios en el ingreso nacional que los radicales buscaban remediar con la promulgación de una legislación social progresista (salario vital y móvil, reforma del derecho de despido) con la finalidad de establecer un equilibrio más justo en la distribución del ingreso.
Las leyes sociales fueron tomadas como si se tratara de un sabotaje de la economía argentina. El distanciamiento entre la clase política y la clase dominante había llegado a un punto de ruptura previo al enfrentamiento. La patronal aspiraba a recuperar el control directo del Estado. La Sociedad Rural y la Unión Industrial Argentina atribuyeron efectos inflacionarios al salario vital y móvil (29). Es verdad que, como señalaba la revista de los businessmen argentinos, el Economic Survey, portavoz del capitalismo liberal, en veinte meses de gobierno la inflación había sido del 57,2% (30). ¡Hagamos tabla rasa con el pasado, parecían decir a su vez los financistas! Las organizaciones patronales se movilizaron intensamente contra el proyecto de ley sobre despidos, calificado como "corruptor de la moral de los trabajadores" (31) por mejorar las indemnizaciones de los despedidos. Las amenazas de represalias económicas y las presiones llegaron a tal extremo que el presidente Illia se vio forzado a vetar la ley aprobada por el Congreso. Los comentaristas económicos convertían en "monstruoso decreto" a un texto legislativo que limitaba las ganancias de los laboratorios farmacéuticos, extranjeros en su mayoría (32). La Sociedad Rural rechazó por "totalitaria" una ley que permitía al Poder Ejecutivo reglamentar los precios al consumidor; y la asociación de los estancieros trazaba a propósito del decreto el cuadro apocalíptico de una Argentina arruinada y hambreada por la demagogia. El cártel de la libreempresa, ACIEL, que federa entre otros a la UIA y la Sociedad Rural, declaró inconstitucional y fuera de la ley a la intervención del Estado en la vida económica (33).
Los poderes económicos se comportaban ante el débil gobierno de Illia, que dudaba sin embargo entre el centro derecha y el centro izquierda, como si se tratara de un gobierno revolucionario, como si los radicales, ajenos en realidad a cualquier inclinación colectivista, hubieran decretado su expropiación. La oposición patronal tomó el camino de la desobediencia civil. Los industriales saboteaban el plan de recuperación económica negándose a pagar los impuestos y las cargas sociales. Según algunas fuentes, las deudas que el sector industrial mantenía con la Tesorería habrían llegado a ser, en junio de 1966, prácticamente iguales al déficit de los ferrocarriles, lo que no es poco decir (34).
Cierta agitación entre los obreros temporarios de la Pampa húmeda (35), una situación explosiva en Tucumán causada por la superproducción de azúcar, bastaron para que la bonachonería de un gobierno paternal fuera considerada como complicidad con la subversión. Incluso se pretendía que la acción deletérea del comunismo se manifestaba en las inocentes cooperativas de crédito que, aprovechando el apoyo gubernamental, es verdad, hacían una competencia "desleal" a los grandes bancos (36). Pero entramos en otro terreno. Ya no se trata de la expresión de apreciaciones divergentes sobre la política económica, sino de la preparación del derrocamiento de las autoridades constituidas.
(27) E. Eschag y R. Thorp, "Las políticas económicas ortodoxas de Perón a Guido (1953-63). Consecuencias económicas y sociales", en A. Ferrer y otros, Los planes de estabilización en la Argentina, Buenos Aires, Paidós, 1969, p. 124.
(28) Unión Industrial Argentina, Memoria y balance, 1963-1964, Buenos Aires, 1964, p. 23.
(29) Sociedad Rural Argentina, Memoria, 1964-1965, p. 55.
(30) Economic Survey (Buenos Aires), 17 de agosto de 1965.
(31) "Las reformas a la ley 11.729 en el Senado", Economic Survey, 25 de enero de 1966.
(32) "El monstruoso decreto 3042/65", Economic Survey, 4 de mayo de 1965.
(33) "Ante un nuevo año", La Nación, 2 de enero de 1966; en este editorial, el diario de los Mitre se convirtió en vocero de ACIEL contra el gobierno.
(34) Según las cifras proporcionadas por S.L. Bailey, "Argentine search of consensus", Current History, noviembre de 1966, p. 55.
(35) Durante las cosechas de maíz y girasol se produjeron huelgas con ocupación de los lugares de trabajo. La Sociedad Rural calificó a esas acciones de "delitos" y "ultrajes" (SRA, Memoria, 1965-1966, p. 71).
(36) Ver "La verdad sobre las cooperativas de crédito", Suplemento Recova, Buenos Aires, mayo de 1966, 20 págs. Según este texto (p. 16), se trataría de un movimiento subversivo contra el sistema bancario argentino análogo al que, a partir de 1946, precedió en Checoslovaquia el "golpe de Praga" y el derrocamiento de Benes.
Alain Rouquié, Poder Militar y Sociedad Política en la Argentina II (1943-1973), Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1983. Extraído del Capítulo 6: El golpe de Estado programado y la implantación de la autocracia "transformadora", p. 240-243.
(*) No está de más recordar algunos de los nombres que ocuparon el cargo de ministro de Economía durante el gobierno de José María Guido, desde abril del '62 hasta la asunción de Illia en octubre de 1963: Federico Pinedo, Álvaro Alsogaray (a) El Chancho y José Alfredo Martínez de Hoz (a) Joe.
(Aclaro que las negritas, el link y el asterisco son aportes propios.)
