¿Esto es oficialismo?

Advertencia: Esta nota contiene informaciones y análisis políticos cuya lectura difícilmente sea de interés en estos días. Se recomienda guardarla para cuando se hayan asentado las imágenes del fantástico baile del viernes, que también hicieron difícil su escritura.
(Encabezamiento afanado a Horacio Verbitsky)

Según parece, hay bastante consenso en la comunidad bloguera en considerar a Página/12 un medio oficialista, de ahí los chascarrillos Pravda, Página K, etc. Si tanta gente lo dice, así será. Sin embargo, cada tanto yo me encuentro ahí con opiniones y análisis independientes y valiosos. Un ejemplo es esto que salió el domingo 11 pasado con la firma de mi periodista económico favorito:

Murió en el cajón
Por Alfredo Zaiat

En silencio, como estuvo en los últimos dos años, se murió una de las mejores iniciativas que tuvo hasta ahora el Gobierno: perdió estado parlamentario el proyecto de marco regulatorio de los servicios públicos privatizados, presentado por el Ejecutivo en agosto de 2004. Quienes lo promovieron hicieron nada para impulsarlo y quienes lo rechazaban se quedaron de brazos cruzados esperando su deceso. Esa norma iba a ser fundamental para reconstruir la relación con las privatizadas y el rol del Estado en su papel de regulador de un sector sensible. El proyecto pretendía establecer reglas transparentes de funcionamiento de servicios esenciales para la población y mecanismos de control operativos. Por desidia burocrática o por decisión política, se lo dejó perecer pese a que implicaba un avance sustancial en la siempre controvertida vinculación del Estado y sectores económicos poderosos, y el consiguiente impacto social de esa enredada relación. Otra vez más lo importante es ignorado y las luces apuntan a estridentes e improductivos cruces entre el Gobierno y el ex ministro de Economía. En otras palabras, el discurso por encima de los hechos. La forma y la sustancia.

Las acusaciones mutuas sobre las tarifas y el capitalismo de amigos son periféricas en el contexto donde se abandonó el proyecto de ley que aspiraba a poner un poco de racionalidad al particular universo de las privatizadas. Es una lástima que una iniciativa que hubiera significado un salto cualitativo en la organización económica del país quedara en el olvido sin siquiera ser discutida en las siete comisiones del Congreso donde aterrizó. Después de este retroceso, las actuales posiciones que asumieron Roberto Lavagna y Néstor Kirchner sobre las privatizadas quedan relativizadas. Discutirán y pelearán por el poder con todo derecho, y así habrá que entender los cruces que se regalaron referidos a las privatizadas. Pero no se trata de ideas sustanciales como parte de un debate económico de fondo. Lo que los diferencia en esta cuestión son matices en una misma lógica de gobierno con la cual ambos convivieron dos años y medio.

Roberto Lavagna nunca apoyó el proyecto de marco regulatorio en una posición que con poco disimulo estuvo volcada hacia las operadoras extranjeras. Julio De Vido inicialmente la empujó para luego ponerle un freno sin exponer motivos. Finalmente, Kirchner terció entre los dos y fue el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, quien le dio fuerza al proyecto para mandarlo al Congreso. Con dos años sin que se moviera ni un poquitito el trámite para analizar, estudiar y debatirlo, queda en evidencia que esos escarceos de palacio fueron y son simplemente peleas de poder.

Se abandonó ese plan que hubiera resultado un avance extraordinario en la compleja tarea de regular a uno de los poderes económicos surgidos durante la década del 90: las privatizadas. Dejaba atrás muchos de los vicios regulatorios que significaron ganancias extraordinarias para las compañías. Por caso, se definía que las tarifas no podían dolarizarse ni ajustarse por índices ajenos a la economía real, como la inflación de Estados Unidos. Esta última vía fue la aplicada durante la convertibilidad con un saldo nada desdeñable para esas empresas: contabilizaron de ese modo una ganancia adicional de 9000 millones de pesos/dólares en ese período.

Otro punto relevante del proyecto era que se disponía que las controversias jurídicas tendrían ámbito de resolución en la jurisdicción nacional, para no volver a caer en la trampa de los ’90 de perderla a favor de tribunales internacionales, como el Ciadi (organismo dependiente del Banco Mundial). También se reafirmaba el criterio de neutralidad tributaria, que se traduciría en que subas o bajas de impuestos debían ser trasladadas a las tarifas. Se impulsaba la tarifa social así como también el controvertido criterio de subsidios cruzados. Uno de los aspectos que despertó más resistencia entre las empresas fue el que estipulaba en forma explícita la responsabilidad de las casas matrices con sus subsidiarias que manejan las compañías privatizadas. Además, se establecía que el Estado asumía el papel de planificador de las inversiones de las empresas, lo que hubiera derivado que en casi todos los casos se hubiera terminado en el polémico mecanismo del fideicomiso. En los hechos, ese camino es el que se está transitando sin el marco legal global previsto.

En resumen, el proyecto establecía reglas para que el consumidor no siguiera siendo un rehén de las empresas, para que el Estado no continúe siendo un instrumento de generación de ganancias extraordinarias para las compañías y para que las propias empresas asuman con responsabilidad el objetivo de prestar un servicio público en forma universal, eficiente y con calidad.

En estos dos últimos años, en la práctica, dado el destino de cajón que tuvo la idea de marco regulatorio de las privatizadas, el proyecto fue una carta de negociación del Gobierno. En algunos casos para firmar actas-acuerdo, cartas de entendimiento o decretos con algunas compañías y conseguir la suspensión de las demandas respectivas en el Ciadi. En otros para conseguir el traspaso del control de compañías a grupos locales cercanos al calor del poder político. Y en unos pocos para presionar y tensionar la relación hasta el abandono de la concesión, como por ejemplo con Aguas Argentinas. No es sólo una cuestión de “capitalismo de amigos”, como azuza al Gobierno Lavagna, quien está bien acompañado del capitalismo “de sus amigos”. Sino que se trata de la ausencia de un marco de referencia claro y preciso para el funcionamiento futuro de un sector con rentas elevadas. Ganancias que se obtienen con el funcionamiento operativo y se contabilizan en los balances. Pero también donde se registran utilidades ocultas por vía de compras a empresas vinculadas al grupo de control o por contratos de inversión orientados desde el Estado.

Aquí la despreocupación por lo institucional-normativo tiene costos futuros elevados para la consolidación de una economía con crecimiento y equidad. El Gobierno tiene la chance de recuperar esa iniciativa que dejó morir. Simplemente tiene que volver a enviar el proyecto al Congreso.

Dudo que este tipo de cosas se publique en el diario del noble Magnetto o en el de los descendientes de don Bartolo. Para mayor información al respecto, adjunto un párrafo del artículo de Mario Wainfeld "La política del paso a paso" que salió en el diario del domingo último:


"El escueto interés oficial por la institucionalidad fue la clave del lamentable archivo de la ley de marco regulatorio de las privatizadas, que señaló y analizó el domingo pasado Alfredo Zaiat en el suplemento Cash de Página/12. La norma fue concebida por Julio De Vido, en los albores de la actual administración. El ministro de Planificación comidió a especialistas de Flacso para redactar un proyecto. Esos técnicos, de prestigio validado por años de consistente prédica en la materia, tuvieron un entredicho con el ministro pero antes de renunciar dejaron una propuesta de ley. El Gobierno la rectificó parcialmente, a través de la pluma de Carlos Zaninni. Las correcciones no desnaturalizaban el sentido original, que era reforzar los controles sociales y la presencia estatal para frenar los proverbiales abusos de las concesionarias. En el año 2004 este diario informó que el premier español José Luis Rodríguez Zapatero advirtió a representantes del Gobierno que las empresas de su país con intereses en la Argentina veían con mucha preocupación el proyecto de marco regulatorio, no bien éste recaló en el Congreso. La senadora Cristina Fernández de Kirchner, según narraron testigos presenciales, le respondió que un régimen legal prefijado convenía a esas empresas pues no quedarían más sometidas a la arbitrariedad o al capricho del funcionario de turno. Tan adecuada réplica no tuvo corroboración legislativa en los años ulteriores. El disco rígido del kirchnerismo impulsó la norma cuando daba pininos y la durmió cuando se consolidó, toda una referencia. La oposición poco hizo y poco hará en pos de resucitar esa iniciativa destinada a dar orden y claridad a un sistema opaco. La derecha de PRO detesta esos instrumentos, los radicales están demasiado ensimismados en procurar su salvavidas electoral, Roberto Lavagna siempre la consideró un estorbo, amén de una chiquilinada inicial de su archirrival De Vido. Sólo el ARI podría haber estimulado esa norma manteniendo su coherencia. Pero a esa fuerza le cuesta mucho acompañar mociones del oficialismo, así sean encomiables."


Qué poco que se habla de estos temas, ¿no? siendo que es algo de interés de todos los ciudadanos en tanto usuarios de los servicios privatizados. A propósito, al que le interese el asunto del control sobre las privatizadas (o la ausencia del mismo) le recomiendo el libro "Fuera de Control" de Mabel Thwaites Rey y Andrea López. Está muy bueno.